FENASOR ANTE DIPUTADOS

Hoy atestiguamos la terminación de apenas un primer capítulo en la historia de la legislación federal en favor de las personas con discapacidad. Pero no venimos sólo como testigos, sino, sobre todo, como participantes, pues la Ley General de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Ley) tiene muchos autores. El FENASOR (Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales del Sordo) es uno estos autores, y su participación ha sido siempre del dominio público. Hemos procurando actuar de la manera más abierta posible, a veces protestando, pero siempre hemos acudido a la razón y el convencimiento como nuestras principales armas.

En el camino hemos tenido que confrontar a organizaciones y funcionarios de la discapacidad que, centrados sobre todo en los intereses legítimos de las personas con discapacidad motriz y visual, buscaban que el gobierno del cambio les hiciera “justicia”. Nos preguntamos, y quisiéramos que se pregunten ustedes con nosotros:

¿Por qué encontramos tanta resistencia a considerar e incluir las demandas de la Comunidad de Sordos Mexicana, como educación bilingüe, o acceso a la información por medio de intérpretes? Y, sobre todo, ¿Por qué tanta resistencia al reconocimiento de la lengua de señas mexicana?

Son muchas las respuestas que se puede dar a estas preguntas. Entre otras, la mezquindad que podría llevar a que el Consejo Consultivo del futuro Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad se convierta en una perpetua cena de negros. Todos, y en particular las organizaciones de los sordos, debemos estar vigilantes para que esto no ocurra.

Pero el tema que aquí nos ocupa nos obliga a concentrarnos específicamente en cuales han sido las políticas públicas que han llevado a las extensas prácticas sociales de opresión de la Comunidad de Sordos Mexicana. Y cómo es que la Ley General de las Personas con Discapacidad puede coadyuvar a políticas públicas que corrijan el rumbo, y compensen el daño que se sigue inflingiendo tanto a los sordos señantes, como a los sordos hablantes, y a los sordos semilingües.

No todas las política públicas del Estado mexicano se han constituido como leyes, reglamentos o programas de gobierno. De hecho, las políticas públicas más perniciosas suelen ser aquellas que, bajo el auspicio de instituciones públicas y privadas se reproducen como prácticas que escapan al escrutinio de la crítica pública, extendiéndose como si fueran cosas del sentido común, supuestamente tan obvias que no hay para que cuestionarlas.

El muertito de la denigración del sordo señante como discapacitado intelectual se lo podríamos cargar a la ignorancia del común de la gente. Pero el común de la gente, en México, se encontrará con que las instituciones de salud especializadas en sordera difunden estos prejuicios, en lugar refutarlos. Unas veces de manera tácita, otras de manera explícita, como en esta ocasión, nosotros hemos puesto en el banquillo de los acusados a estas instituciones que, abusando de la autoridad que les otorga un título de otorrinolaringología, de audiología, o de terapia de audición y lenguaje, propalan a los cuatro vientos la mentira de que el sordo solamente se puede integrar a la sociedad si piensa, sueña y actúa como si fuera oyente. Son estas mismas instituciones, como el área de Comunicación Humana del Instituto Nacional de Rehabilitación (antes Centro Nacional de Rehabilitación), las que han difundido la idea perniciosa de que las señas distraen al sordo del aprendizaje del español oral y, por ende, dificultan su integración con la sociedad hispanohablante mayoritaria. ¡Nada más falso!

Así, por ejemplo, en México se han aplicado ya varios cientos de implantes cocleares a niños y bebés sordos. Se dice que la razón es sencilla: Estos niños oirán, por lo tanto hablarán y, finalmente socializarán en español oral. Pero esta es una verdad a medias, pues siempre deberá someterse a años de terapia del lenguaje, y cabe preguntarse cual acabará siendo la calidad de su vida.   Para colmo, se afirma tajantemente que a estos niños se les debe prohibir la lengua de señas mexicana, pues la adquieren con tanta facilidad que dificultará su aprendizaje del español. De nuevo, ¡nada más falso! Hoy se sabe que el bilingüismo es una ventaja para cualquier niño, pues lo dota de una mayor flexibilidad cognitiva. Y las estadísticas de otros muestran que los sordos hijos de sordos tienen el mayor éxito escolar, y el mejor desempeño bilingüe, a pesar de que su lengua materna es una lengua de señas.

El meollo de lo que aquí nos ocupa, al menos a nosotros, pero probablemente también a muchos ciegos, o a muchas personas con discapacidad motriz, entre tantas otras, es que como cualquier persona requerimos de servicios de salud, unas más, otras menos, pero más que nada demandamos políticas públicas de comunicación, de educación, de cultura… que nos permitan tener vidas más plenas, con un acceso más equitativo a la información, a la educación, a la cultura… en una sociedad en que nuestra diversidad también tenga cabida. Y las políticas públicas de salud no tienen nada que ofrecernos en la mayoría de estos ámbitos.   Los sordos señantes demandamos el respeto a nuestra lengua de señas mexicana. Los sordos hablantes demandamos acceso a servicios de estenografía proyectada o subtitulaje. Los sordos semilingües requieren de acceso inmediato a una lengua de señas. La Ley que hoy nos ocupa permitirá impulsar políticas más acordes con las necesidades de los sordos señantes, de los sordos hablantes y de los sordos semilingües.

En sus definiciones, la Ley reconoce que el principal dilema al que se enfrenta el sordo, el que lo define como sujeto colectivo y comunidad, es el no poder optar por una socialización natural basada en lengua oral alguna. Por lo tanto, según se aplica este concepto en el resto de la Ley, el Estado y la sociedad no pueden dar un trato equitativo a los sordos sin reconocer que requiere de políticas lingüísticas acordes.

Así, pues, al reconocer las lenguas de señas, en general, y la lengua de señas mexicana, en particular, la ley deberá propiciar políticas públicas que abandonen la simulación: El sordo señante no tiene que comportarse como si fuera hispanohablante para ejercer plenamente sus derechos. Y no estamos hablando metafóricamente. La sola aprobación de la Ley deberá llevar, por ejemplo, a la reforma de todos los códigos civiles del país que decretan que el sordomudo siempre debe permanecer bajo la tutela de un adulto oyente. Puede que esta sea apropiado para un sordo semilingüe.   Pero si los sordos señantes practicamos una lengua nacional, ¿por qué se nos habrán de arrebatar todos nuestros derechos al considerarnos sordomudos?

La Ley equipara jurídicamente a la lengua de señas mexicana con la lenguas indígenas y el español. Por lo tanto, con base en el último párrafo del 2º artículo constitucional, ¡el que nosotros impulsamos!, así como del artículo 18 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (que prohíbe la discriminación de cualquier lengua), la Ley mandata el establecimiento de políticas lingüísticas que estimulen el uso de la lengua de señas mexicana en todos los ámbitos de la vida privada y pública del sordo señante, buscando siempre que el sordo señante tenga pleno acceso a la jurisdicción del Estado.

¿Esto que quiere decir? Por ejemplo, que todos los sordos tiene derecho a la educación obligatoria y gratuita bilingüe en lengua de señas mexicana y español, en todos los estados de la República. Y que en las escuelas públicas (como los Centros de Atención Múltiple de Cuernavaca y Cancún, Hermosillo, o Colima, entre tantos otros) o privadas (de Perla Moctezuma, Tessera, IPPLIAP –en el DF–, APSOR de Graciela Rascón –en Tijuana–, o de Aída Araceli Aramburu –en Guadalajara–, entre otras tantas otras), algunas de las cuales nos acompañan hoy en este Salón Verde de la Cámara de Diputados, en las cuales se ha impulsado la educación bilingüe siempre desde la precariedad, o bajo el continuo acoso de las autoridades educativas, ahora se les deberá otorgar el respaldo que requieren y merecen. Además, la televisión educativa deberá ser interpretada a la lengua de señas mexicana; los interpretes deberá ser formados y formalmente certificados; la administración pública deberá proveer a los sordos señantes de intérpretes; etc.

Por su parte, aún el sordo que se identifica con una lengua oral, el sordo hablante, depende de su vista y, en particular, de la comunicación escrita en un gran número de circunstancias como, por ejemplo, en la telefonía y la televisión, en la educación, en la administración pública y de la justicia, en eventos y espacios públicos, etc. Para poder desarrollar programas en este sentido la Ley define y reconoce el papel de la estenografía proyectada, así como el de otras formas de comunicación escrita.

Para el común de los sordos, integración verdadera equivale a bilingüismo. No se trata de que sus padres hispanohablantes renuncien a su propia lengua, ni a su legítima aspiración de compartirla con sus hijos sordos. Como tampoco se trata de que sus hijos sordos renuncien a ser señantes, o que lo posterguen quedando semilingües hasta nuevo aviso.   Ni de que los niños se nieguen a aprender la lengua oral de sus padres. Para todos nosotros y todos ellos, para todos les mexicanos que practicamos tantas lenguas y visiones del mundo como han cabido en el territorio nacional, para todos debe haber un espacio digno y compartido que nos permita desarrollar las identidades multifacéticos que requerimos.

Quisiéramos concluir con un llamado y un aviso, ambos trascendentales. Hacemos del conocimiento de todos los presentes que solicitaremos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Gobierno del Distrito Federal que se restituya la Escuela Nacional de Sordos a nuestra comunidad. Benito Juárez nos dio el Convento de Corpus Cristi, y mientras lo ocupamos nunca hubo recursos para repararlo como se debía, aunque ahora, lo que queda del convento está bien arregladito. Tiempo después, durante el autoritario gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, con la “justificación” de que los sordos necesitan clínicas y no escuelas, la Escuela Nacional de Sordos fue desaparecida, sin que nunca se abrogara el decreto que la constituyó. Ahora exigimos que, en lugar de un museo intrascendente, se reviva la Escuela Nacional de Sordos, pero como semillero de intérpretes y profesores bilingües en lengua de señas mexicana y español, así como un centro de investigación, promoción y difusión de la lengua y la cultura de la Comunidad de Sordos Mexicana. Y que mejor lugar puede haber que la sede original de la Escuela Nacional de Sordos, al frente de la cual se reúne la Comunidad los días 28 de noviembre de todos los años para celebrar su existencia colectiva. Es justo y necesario.

Por último, les comunicamos que el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales del Sordo desaparecerá, como lo han conocido hasta ahora, desaparecerá el mismo día en que se publique la Ley General de las Personas con Discapacidad en el Diario Oficial, pues en ese momento habrá cumplido con su cometido. Quienes formamos parte del Comité de Sordos en la marcha del 2001, y quienes le dimos continuidad a esta lucha desde el FENASOR, ahora cedemos el paso para que una organización más estable y duradera, con más recursos humanos y materiales, pueda obligar a que la Ley que aquí se apruebe se lleve a efecto y se reforme para bien. En nombre del Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales del Sordo agradezco las infinitas muestras de apoyo que recibimos en este esfuerzo compartido.

Boris Fridman Mintz.
Vocero del Frente Nacional para la
Defensa de los Derechos Culturales del Sordo.
Miembro Honorario de la Federación Mexicana de Sordos.
México D.F. a 31 de marzo de 2005.